El agua, cuestión de Estado en Andalucía
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie agrícola de España y una de las más expuestas a los efectos del cambio climático. La gestión del agua es, por tanto, una cuestión política de primer orden. El conflicto entre los intereses agrícolas —especialmente en zonas como el Condado de Huelva, la vega del Guadalquivir o el Poniente almeriense— y la protección de los acuíferos y espacios naturales como Doñana define uno de los debates más complejos de la política andaluza. A este conflicto se suma la creciente demanda urbana y turística de agua en provincias como Málaga y Almería.
Doñana: el caso que define posturas
El Parque Nacional de Doñana se convirtió en el símbolo más potente del debate medioambiental de la campaña. La propuesta del gobierno Moreno de regularizar pozos ilegales en el entorno de Doñana generó una crisis diplomática con la Comisión Europea y movilizó a la comunidad científica internacional. Los partidos de izquierda exigieron la protección total del parque y la moratoria de nuevas actividades agrícolas intensivas en su área de influencia. Los partidos de derecha e izquierda mantuvieron posiciones radicalmente diferentes sobre la compatibilidad entre agricultura intensiva y conservación del espacio protegido.
PP-A: equilibrio entre economía y medioambiente
El PP-A defendió que la protección medioambiental debe ser compatible con el desarrollo económico del campo andaluz. Apoyó la regulación de pesticidas cuando viene exigida por directivas europeas, pero se opuso a restricciones adicionales que perjudicaran la competitividad del sector agrícola. En materia de agua, el gobierno Moreno había apostado por las desaladoras como solución al déficit hídrico en zonas costeras. Sobre el cambio climático, el PP-A reconocía el problema pero cuestionaba medidas que, según su criterio, penalizaran desproporcionadamente a los sectores productivos andaluces.
PSOE-A: transición ecológica y acuerdos europeos
El PSOE de Andalucía propuso una política medioambiental alineada con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Defendió restricciones estrictas al uso de pesticidas, la protección de los acuíferos y el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre Doñana. En materia energética, apoyó la transición hacia las renovables con especial atención a las comunidades energéticas locales. También defendió la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso y sanciones más duras a las empresas contaminadoras.
Por Andalucía y Adelante: emergencia climática
Por Andalucía y Adelante Andalucía compartieron una posición de mayor ambición en materia medioambiental. Ambas formaciones propusieron la declaración formal de emergencia climática en Andalucía con medidas concretas y dotación presupuestaria específica. Defendían que la protección ambiental debía primar sobre los intereses económicos cuando entraran en conflicto, un principio que las situaba en el polo opuesto al PP-A en el debate sobre Doñana. También propusieron un endurecimiento significativo de las sanciones a las empresas contaminadoras y la creación de un fondo de inversión en energías renovables orientado a comunidades energéticas.
Vox: soberanía nacional y escepticismo climático
Vox Andalucía mantuvo una posición escéptica respecto a las políticas climáticas de origen europeo, considerándolas una amenaza para la soberanía nacional y un freno para la actividad económica. Se opuso a las restricciones al sector agrícola derivadas del Pacto Verde y rechazó la agenda medioambiental de la Comisión Europea. En materia de agua, defendió el desarrollo de nuevas infraestructuras hidráulicas para garantizar el suministro al sector agrícola.
La transición energética renovable
Andalucía tiene un enorme potencial para las energías renovables, especialmente la solar fotovoltaica y la eólica. Todos los partidos, con matices, defendieron el desarrollo de las renovables como oportunidad económica para la comunidad. La diferencia estuvo en el modelo: los partidos de izquierda defendían que la producción renovable se orientara hacia comunidades energéticas locales y no solo hacia los grandes operadores privados; los partidos de derecha priorizaban la inversión privada como motor del despliegue renovable.